Priorización curricular: ¿oportunidad histórica?

Por Carlos Guerra, director de la Escuela Rómulo Peña Maturana D-85 de Antofagasta

Posterior al inicio de la emergencia sanitaria de COVID-19 el Ministerio de Educación (Mineduc) notificó a las escuelas la “Priorización curricular” como una respuesta a la situación de incertidumbre que la pandemia generó en el sistema educativo, por el confinamiento obligatorio y la imposibilidad de tener clases presenciales en los dos primeros años. La propuesta determina aprendizajes “esenciales” de nivel I y II para los años 2020 y 2021 los cuales se han extendido durante el 2022. 

Por primera vez desde que las Bases Curriculares entraron en vigencia es el propio Mineduc que indica que existen objetivos que debiesen desarrollarse de manera preferencial por sobre otros, y los define como aquellos “imprescindibles para continuar el aprendizaje al año siguiente” (Mineduc 2020, p. 8).

Sorpresa ¡nada está escrito en piedra! Para la sacrosanta institucionalidad educativa representada en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad SAC) y más allá del contexto sanitario, por primera vez se reconoce que hay objetivos que se pueden excluir por no tener la calidad de prioritario en ninguno de los dos niveles por ser más bien accesorios o en el mejor de los casos complementarios.

A diez años de la implementación gradual de las bases curriculares y considerando lo expresado anteriormente, la priorización del currículo nacional puede ser el primer paso de una revisión del mismo en pos de una reforma curricular que se direccione hacia la mejora sustantiva del sistema educativo ya que los programas de estudios presentan una extensión excesiva en cuanto a cantidad de objetivos y contenidos a desarrollar aparte de que estos demuestran algún grado de imprecisión (Ver Mujica y Concha, 2015, P.24) y son demasiado extensos y difíciles de desarrollar en el año lectivo.

También se hace necesario considerar el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral que considera una jornada de trabajo de 40 horas semanales, lo cual presenta ciertas interrogantes para el sector educación tales como: ¿qué horas se reducirán de la jornada docente de 44 horas semanales para adecuarse a la nueva normativa laboral? ¿serán las horas no lectivas?

Recordemos la ley 20.903 que vino a otorgar mayor tiempo para que los docentes pudiesen desarrollar actividades curriculares fuera del aula y que tiene como objetivo el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero también el desarrollo profesional de los profesores. ¿Sé tendrá que reducir los objetivos y contenidos prescritos en las bases y programas de estudio?

Lo anterior implicaría modificar también los planes de estudio, ya que invariablemente una menor jornada laboral implicaría reducir la cantidad de horas destinadas a las asignaturas e indudablemente el camino hacia el despeje de las respuestas a estas y otras preguntas va a generar tensión en el profesorado, directivos y sostenedores.

Finalmente, resulta fundamental que esta decisión de priorizar el currículo sea el punto de partida de una oportunidad (histórica), más allá del contexto de la emergencia sanitaria que lo ha provocado, que se pueda aprovechar como el inicio de un profundo proceso reflexivo, que incluya a todos los actores del sistema educativo, para consensuar qué contenidos, habilidades y actitudes son imprescindibles para enfrentar los cambios mundiales que se avecinan y los que ya se han instalado en estos diez últimos años desde la entrada en vigencia de las bases curriculares nacionales.